A diferencia de los municipios de Buenos Aires que tienen a su cargo la Policía, en nuestra provincia las  municipalidades no tienen injerencia en la seguridad. Las de Córdoba tienen las atribuciones o competencias
que le asigna la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica Municipal. En ninguna de ellas le asigna tanto a
esta municipalidad como a las demás de la provincia la competencia en esta materia. La Ley Provincial 9235 expresamente reserva para la Provincia, los deberes y atribuciones referidos a seguridad. Para entender mejor la situación vamos a los detalles de la ley. La Constitución Provincial (en su artículo 104), asigna a la legislatura
la potestad de dictar la ley orgánica de la Policía de la  Provincia, mientras que en su artículo 144 asigna  atribuciones y deberes al Poder Ejecutivo (Gobernador); en el inciso 15, adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, mientras que en el inciso 16, se le otorga la calidad de máxima autoridad
de las fuerzas de seguridad provinciales.

Lo anterior detalla claramente que la provincia (en sus dos poderes) es la que otorga, limita y ordena las facultades de la Policía, mientras que a los municipios no se le asigna ni funciones, ni atribuciones ni finalidades en materia de seguridad.

En su inciso 7, la ley expresa claramente que la municipalidad debe “atender las siguientes materias”, y no se
encuentra entre ellas la seguridad. El artículo 186 de la Ley Orgánica Municipal (8102), en tanto, es clara también en las competencias y manifiesta tanto  en el artículo 30 como en el 49 que la seguridad no es atribución
ni del Concejo Deliberante ni del Departamento Ejecutivo (Intendente).

El estado provincial es el responsable El artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba (9235), aclara que la seguridad estará a cargo exclusivo del Estado Provincial, que tiene por objeto salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública; implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.

Es importante delimitar estos temas con la única finalidad de establecer las diferencias entre lo que se debe o lo que se puede hacer ante algunas situaciones. Si bien el municipio contribuye al orden público implementando
una serie de medidas como las luminarias en buen estado, el desmalezado de zonas potencialmente peligrosas,
la cooperación en los elementos que utiliza la Policía como determinados insumos o combustible; nada tiene
que ver esta municipalidad con los incrementos o descensos de los índices delictivos. Así mismo en alguna
oportunidad el municipio adquirió alarmas comunitarias para venderlas a bajo costo a los vecinos, que sólo algunos adquirieron.

A pesar de ello, se llevan adelante distintas políticas públicas tendientes a mejorar la inserción social de personas en situación de vulnerabilidad, y se refuerza, además, todo lo inherente a salud.  El dispensario, por ejemplo, amplió su capacidad y horarios, y se incorporaron más profesionales. El municipio tiene contratado, por otra parte, el servicio de emergencias que atiende distintas urgencias, y cuando no amerita el uso de  ambulancia, el municipio abona un servicio de remis a la persona que necesita hacer una consulta o control en otra localidad.

Otro de los servicios que, sin dudas, impacta directamente con la seguridad, es el apoyo permanente a la  educación, el arte y el deporte. En estas tres cosas, es en la que más me veo representado debido a que se escucha y se incentivan los proyectos que lleguen a la administración desde hace muchos años Además, se brindan distintos talleres de recreación y la escuela de básquet y de fútbol. Alguien podría preguntarse ¿Qué tiene que ver ésto con la seguridad? y yo le contesto “mucho”. Ese es nuestro rol como municipios. Acompañar, apoyar, incentivar y cuidar desde lo social y humano a los vecinos para que no caigan a la delincuencia. Lo demás corre por cuenta del Estado Provincia y la Policía, quienes regulan esta actividad y la controlan de acuerdo al delito.